Información sobre el Peaje ilegal del Túnel de Guadarrama
y Autopistas AP-51 y AP-61 (Ávila y Segovia)
Todo empezó bajo el Gobierno de Aznar, y con la especial acción de Ángel Acebes (Diputado por Ávila y Ministro) y de Arias Salgado (Ministro de Fomento). Ellos son los últimos responsables de las irregularidades que rodean al túnel de Guadarrama, A6 (Madrid-A Coruña) AP-51 (Ávila-Villacastín,) y AP-61 ( Segovia-El Espinar) enlaces a la A6. Por omisión del problema el resto de responsables del Ministerio de Fomento son igualmente culpables de la penosa situación actual. Recapitulemos.
Desde 1997 se intenta proyectar una autovía que enlace las ciudades de Ávila y Segovia con la A6 antes del túnel de Guadarrama.
Se dice que si se quiere una autovía estaría terminada para 2020, pero una autopista estaría terminada mucho antes. Se elige la autopista.
Los trazados originales se proyectan en Zona ZEPA, los ecologistas protestan mediante recursos y movilizaciones sociales. Los tribunales les dan la razón en Ávila pero no en Segovia.
En 1999 el gobierno mantiene conversaciones con Iberpistas ya que ésta quiere en exclusiva la obra que pretende construir el Gobierno. Ya tiene la concesión del peaje del túnel desde 1960 hasta 2018, pero quiere prolongar sus privilegios, heredados del franquismo. Negocian.
El Gobierno saca a licitación (pliego de condiciones) las obras: Construir AP51.AP61 y una circunvalación en Guadarrama. BOE martes 8 de junio de 1999.
Rectifican y publican otra licitación donde solo consta la construcción de la AP51-AP61. BOE viernes 9 de julio de 1999.
¿Por qué? Porque en la primera licitación se “dan cuenta” que podría presentarse cualquier empresa europea, y quieren que sólo se presente Iberpistas, pues así lo han acordado. Antes de la segunda licitación han negociado: la construcción de las APs y prestaciones accesorias (un nuevo túnel este reversible, ampliación el peaje en San Rafael, dos ramales, cuarto carril) a cambio de la prorroga de la explotación del peaje 35 años más (2050)
Iberpistas presenta su proyecto, éste no era normal, debido a que estaba con tal detalle que ya se podría llevar a ejecutar las obras, es decir, sin saber si el Gobierno te va a dar la concesión de unas obras las empresas no gastan dinero en hacerlo tan detallado. Como ejemplo en su proyecto aparecía cada finca a expropiar y los propietarios.
La empresa que hace el proyecto a Iberpistas es la misma empresa que hace el pliego de condiciones de la licitación (lo que publica Fomento). Después se ha sabido y se ha probado que Iberpistas pagó el trabajo de esta empresa para la licitación del Gobierno.
En el proyecto presentado la obra principal (objeto de la licitación) son las APs y la obra secundaria túnel, ramales, etc., según la Ley de contratación pública europea no pueden costar más dinero las obras secundarias que la principal. Iberpistas simula que la obra principal vale más dinero que la secundaria. Saben que es imposible, pues es mucho más costosa la obra secundaria, pero para cumplir el Derecho comunitario realizan esta farsa,
El Ministerio de Fomento adjudica la obras a Iberpistas, en noviembre de 1999, mediante el Real Decreto 1724/1999, esta adjudicación aparecen obras que no se contemplaban en la licitación. Las obras se presupuestan en 325 millones de euros más la concesión de la explotación del túnel de Guadarrama hasta 2050.
En ese momento suena la alarma y en enero del 2000 CCOO de Ávila y la asociación ecologista segoviana CENTAUREA, denuncian ante el Tribunal Supremo, ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la Comisión Europea y esta última interpone demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La infracción administrativa consiste en que la obra secundaria fue más costosa que la principal. No se pudo probar la corrupción.
La fiscalía suspende la investigación abierta porque no ve pruebas suficientes para conseguir una condena por los hechos presuntamente corruptos y el Tribunal Supremo no considera que haya habido violación del derecho comunitario de concesión de obra pública.
Mientras se realizan las obras Iberpistas (como acordó con el Ministerio) dijo públicamente que no le alcanzaba el presupuesto concedido para realizar las obras secundarias por lo que el Gobierno, accedió mediante decreto a darles mas dinero público para que finalizaran las obras.
La respuesta del Tribunal de Justicia Europeo tarda 10 años en llegar, pero es clara, la concesión a Iberpistas es ilegal. Según la sentencia de abril de 2010 se deja claro que en la adjudicación a Iberpistas se incumplió la Directiva 93/37 sobre contratación pública (las obras secundarias costaron mas que las principales) y reseña que “procede concluir que las obras complementarias se adjudicaron a Iberpistas a pesar de que no estaban comprendidas en el objeto de la concesión de que se trata”, por lo que invalida las referidas obras al objeto de ampliar la concesión de la gestión de la A-6, que revertiría al Estado a partir del 30 de enero de 2018. Además España será multada, siendo el primer país de la UE en ser condenado por “corrupción urbanística”.
A todo esto Iberpistas solicitó un crédito de 96 millones de euros para llevar a cabo la obra al Banco Europeo de Inversiones, crédito que a día de hoy sigue pagando. Iberpistas y otras concesionarias han exigido al gobierno que en los presupuestos del estado aparezca un ayuda millonaria para poder devolver el crédito, la locura de los peajes de los últimos años no han sido rentables pues los conductores los ignoran (R-1,R-2.R-3, Barajas). En los presupuestos de 2010 y 2011 se han dado 1200 millones de euros a las concesionarias, fue el llamado “Decreto de ayudas a las autopistas”. Les amenazan con que si no les damos el dinero público para ayudarlas a pagar sus deudas rechazaran los peajes y el Gobierno se queda con la deuda del Banco. Estas ayudas millonarias son logradas en el Parlamento por negociación PSOE-PP-CiU, gracias a la presión del poderoso lobby de las constructoras y las concesionarias de autopistas, actualmente dirigidas por David Taguas, exdirector económico de la Oficina Económica de Zapatero en su primera legislatura.
En la actualidad, no se sabe si se ha multado a España. Para saber si se ha hecho no y cual es la cuantía se debe preguntar en el Parlamento Europeo mediante un grupo político o lo que es mucho más fácil mediante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo donde se puede solicitar información.
Las organizaciones que denunciaron los hechos, se han reunido después de que la sentencia europea calificara como ilegal la concesión. La concesión es nula, por lo que en derecho se debería retrotraer las obras, por ejemplo derribar el túnel de Guadarrama, como eso no se puede llevar a cabo, lo único que parece posible es pagar a Iberpistas los 325 millones de euros o simplemente rescindir la concesión en aras al interés general.
Las organizaciones saben que existe la posibilidad de interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, para que revise la sentencia en la que no vio ilegalidad. Parecería fácil pensar que el TS modificará su sentencia al aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que es de mayor rango, pero después de ver como el tribunal español tenía sobre su mesa todos los argumentos jurídicos para que ver la ilegalidad cometida, y “no quiso verla” desmotiva en gran medida a las organizaciones demandantes a interponer el recurso de revisión, prefieren dejar la puerta abierta a que el Tribunal vuelva a ignorar los hechos.
Algunos de los pasos a seguir que estas organizaciones plantean pueden ser:
• Informar al Tribunal de Justicia de la UE, de que no se ha ejecutado su sentencia.
• Denunciar los hechos al Defensor del Pueblo Europeo.
• Dirigir cartas al Parlamento Europeo y denunciar que el Estado Español no ha ejecutado la sentencia.
• Pedir al Banco Europeo de Inversiones la anulación del crédito a Iberpistas, por la existencia de la sentencia del TS de la UE.
• Pedir el Recurso de Revisión al Tribunal Supremo.
• Exigir, desde la ciudadanía, mediante la presión social y política la ejecución de la sentencia.
Todo ello con el objetivo de exigir la ejecución de la sentencia al Gobierno, con lo que revertiría el peaje de el túnel de Guadarrama en 2018 y la liberación de los peajes de AP51-61.
Un periodista del periódico El País estuvo realizando un reportaje sobre este tema durante un mes, pero fue censurado por el Grupo PRISA, ya que un accionista era familiar de un político.
Además cabe decir que el año 1999 se aprobó una modificación en la ley que regula la Administración Pública para hacer irresponsables a las autoridades que cometan irregularidades administrativas como en este caso. De ahí la impunidad existente entre funcionarios y políticos.
Este caso no es un caso aislado, únicamente representa un ejemplo de la punta del iceberg de la corrupción política y empresarial en España.
Esto es, un fallo de todo el sistema político y los mecanismos de control.
En primer lugar ha fallado el poder ejecutivo, el Gobierno, al contratar sin transparencia y mediante el viejo sistema del dedo, para favorecer a sus empresas amigas.
En segundo lugar la Fiscalía Anticorrupción. Esta institución encargada de investigar delitos ha desistido de su labor, puesto que está controlada por el propio Gobierno.
En tercer lugar ha fallado el Tribunal Supremo, máxima instancia del poder judicial, a favor de la empresa y del poder ejecutivo en contra del Derecho, puesto que era clara la vulneración de la normativa europea, como así ha dictaminado el Tribunal de Justicia.
En cuarto lugar han fallado los medios de comunicación, el cuarto poder, necesarios para formar una opinión pública libre e informada, ya que autocensuraron la información a favor de sus propios accionistas
Y por último y quizá lo más importante, ha fallado el poder legislativo. Nuestro parlamento, elegido en 1996, supuesto representante de la soberanía del pueblo, al permitir la impunidad absoluta de los políticos, mediante la reforma legal de 1999.
En España la corrupción sale barata y es muy rentable.
Por ello el Movimiento 15M exige la rápida solución a este problema concreto mediante la liberación de los peajes y la exigencia directa de responsabilidad civil o penal de los implicados.
Asamblea 15M-Noroeste “La Gorda”
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